Hasta la victoria, Soros! Open Society en Uruguay. Viviana Padelin
Viviana Padelin
En el entramado de ONG´s que nacieron con la llegada de los gobiernos democráticos, la Open Society Foundation es apenas la cara más visible del financiamiento que éstas reciben para el debate y posterior legislación de las políticas de deconstrucción social de la agenda global.
No es un secreto que George Soros financió la legalización de la marihuana y la campaña "No a la Baja" en Uruguay.
El propio Mujica ofreció al país como laboratorio de pruebas a Soros, quien aseguró que " los cambios internacionales en cuanto a la regulación de la marihuana dependerán del éxito que tenga Uruguay".
Es de conocimiento público que el colectivo Proderechos recibió financiamiento de la OSF para publicitar la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad.
En ambos casos, el filántropo logró ambos objetivos. No lo podría hacer hecho sin sus colaboradores locales. Estos tampoco sin el financiamiento del poder que los creó.
Ta como ocurrió en los países del este después del comunismo, los Think tank del SXX, más tarde devenidos en ONG´s, construyeron territorialidad consiguiendo el reconocimiento académico y mediático local impulsando la progresiva agenda de rediseño social.
Uruguay no es la excepción.
Con posterioridad a los éxitos obtenidos, la OSF siguió monitoreando sus logros en Uruguay a través de subvenciones: U$S 123.750,00 a la Asociación Pro-Fundación de las Ciencias Sociales para "Permitir la continuación de un esfuerzo continuo de monitoreo y evaluación en Uruguay, basándose en los datos de referencia previamente establecidos en relación con el consumo, la economía y la capacidad organizativa antes del lanzamiento de la marihuana recreativa regulada, y centrándose específicamente en la producción y difusión de la investigación científica sobre esos temas", otros U$S 180.620,00 para "apoyar una serie de actividades benéficas y educativas en Uruguay, incluido el seguimiento y la evaluación continuos de la nueva ley del cannabis, la investigación y la investigación, y el apoyo a un diploma de posgrado en políticas de drogas", otros U$S 95.000,00 para "continuar una serie de actividades que incluyen el monitoreo y la evaluación de una nueva ley de cannabis, investigación e investigación en Uruguay".
La misma Asociación, favorita entre los beneficiarios de Sorosy los filántropos globales, colaboró con la OSF a cambio de casi U$S 80.000,00 para implementar actividades de incidencia dirigidas a cambiar la opinión pública sobre la seguridad ciudadana y la justicia penal juvenil.
En el período 2016-2018 la Universidad Católica recibió U$S 150.000,00 para "evaluar el impacto que tiene el contacto social con los consumidores de marihuana en las actitudes de los ciudadanos hacia los consumidores de marihuana y evaluar el modelo de regulación implementado en Uruguay en 2013", encuesta mundial sobre el cannabis, la venta de marihuana en farmacias, entre otros.
El Instituto Cuesta Duarte (PIT-CNT) se benefició con U$S 120.000,00 para "abordar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos en Uruguay y concienciar sobre los graves crímenes cometidos durante la dictadura".
Si a estos beneficiarios, entre muchos otros, se suman los concesionarios de la OSF veremos que la Agenda de Derechos es tan redituable como ajena.
Al vil precio de la necesidad, de otros.
@vivianapadelin